UNIVERSIDAD SIN VISA

La educación es un derecho de todos los andaluces y andaluzas, no un negocio, aunque el Gobierno andaluz, y en concreto su presidente, parece hacer caso omiso a sus propias palabras cuando se alzó con la mayoría absoluta en las últimas elecciones

La educación nos hace libres, pero ¿qué pasa cuando la educación se convierte en un instrumento al servicio de intereses políticos y económicos que buscan hacer de un derecho fundamental un negocio? Entonces lo que ocurre es que se daña y se merma la igualdad de oportunidades y con ello la igualdad en el más amplio concepto de la palabra.

Pues eso es precisamente lo que está haciendo el Gobierno andaluz aprovechando el rodillo de su mayoría absoluta. Porque el Gobierno de la Junta de Andalucía, con su presidente Juan Manuel Moreno Bonilla al frente, no escucha a nadie, o mejor dicho, solo escucha a quienes le interesa que son precisamente quienes le bailan el agua y pretenden convertirlo todo en un negocio del que sacar beneficio económico.

Cómo si no se explica ese afán por privatizarlo todo con el espejo de Madrid como referente. La técnica no por sencilla deja de ser menos macabra: primero devalúan lo público a base de recortar la inversión en recursos humanos y técnicos y luego se justifica la necesidad de recurrir a lo privado porque hay que dar un servicio eficaz a la ciudadanía. Y encima lo hacen con tal maestría que su mensaje llega a calar en parte de la sociedad.

El problema de esto es que es una maestría de trilero porque cuando se levantan las cartas es la banca, encarnada en este caso en esa minoría pudiente, la que gana. En el lado contrario, las familias trabajadoras que tendrán que sacar de sus salarios dinero para pagar, entre otros derechos, el de la educación universitaria. además de los másteres para que sus hijos e hijas puedan seguir accediendo a mejores empleos y mejoras sociales ante el detrimento de unos servicios públicos que son los que nos igualan en derechos y oportunidades.

Precisamente, una de las últimas jugadas del Gobierno andaluz es la de aprobar la creación de universidades privadas en Andalucía a diestro y siniestro, siguiendo la estela de Madrid, donde las privadas son ya más del doble (13) que las públicas (6), en lugar de mejorar, invertir y apostar por la educación pública.

En CCOO nos hemos opuesto en todas las esferas posibles, incluido el Consejo Económico y Social de Andalucía, a la creación de las dos últimas: la Alfonso X El Sabio Mare Nostrum y la Universidad Privada Europa de Andalucía, que vienen a sumarse a la dos que se aprobaron hace solo 6 meses en el Parlamento andaluz.

La implantación de nuevas universidades privadas no puede responder únicamente a criterios de rentabilidad económica de las empresas y entidades que las promueven. Tampoco puede hacerse a costa del deterioro premeditado de universidades públicas, como está siendo el caso desde 2019 de la Universidad de Málaga, generado por el propio Gobierno andaluz, siguiendo la técnica recurrente a la que se aludía antes de despojarla de recursos en los años previos a la implantación de las universidades privadas.

Además, con motivo de la tramitación de la nueva Ley Universitaria para Andalucía (LUPA), que deberá garantizar la suficiencia financiera de las universidades públicas, así como la garantía de calidad del sistema universitario público andaluz, y ante la proliferación de universidades privadas en esta Legislatura, se hace totalmente imprescindible una Ley integral del Sistema Universitario Andaluz que recoja tanto la regulación del sistema público, como la del privado, limitándose por ley la implantación de universidades privadas.

Así se lo hemos propuesto a la Consejería de Universidad e Innovación con la intención de que se aborde un documento estratégico en el que intervengan todos los agentes implicados en el que se analice y desarrolle una estrategia de conjunto del sistema universitario andaluz que racionalice y ordene el sistema, dando respuesta verdaderamente a las necesidades y demandas de la sociedad y no a grupos de interés particular.

Además, a las universidades privadas se les tienen que requerir los mismos parámetros de calidad y exigencia que se les exige a las públicas, para no poner en riesgo el alto nivel de excelencia y prestigio acumulado por el sistema universitario andaluz.

Nos tememos, a tenor de las medidas del Ejecutivo, que una vez más desoirá a la mayoría social porque es evidente que no casan con su ideología ni con su política de rendirle pleitesía a los intereses económicos.

Si la escuela es la puerta de entrada a la enseñanza, la universidad, además de serlo al mercado laboral, es un desarrollo personal y de expectativas laborales, sociales y vitales, por lo que CCOO nos vamos a oponer siempre a que para abrir esa puerta sea necesario pasar la visa.

La educación es un derecho de todos los andaluces y andaluzas, no un negocio, aunque el Gobierno andaluz, y en concreto su presidente, parece hacer caso omiso a sus propias palabras cuando se alzó con la mayoría absoluta en las últimas elecciones: “Voy a gobernar para todos. Pueden dormir tranquilos, sabemos hacer las cosas para todos”, aseveró.

Pues debería saber el presidente de todos los andaluces y andaluzas que su política privatizadora está generando insomnio a muchas familias trabajadoras andaluzas que ven como quiere privatizarlo todo; en este caso la educación universitaria, mermando con ello las posibilidades de muchas y muchos estudiantes de construirse un futuro en igualdad de oportunidades.