En el curso 2026/2027 las universidades privadas serán mayoría sobre las públicas
- Escuela adscrita a una universidad pública que, una vez consolidada su actividad, se transforma en universidad privada para aprovechar el nicho de negocio que ofrecen determinadas titulaciones.
- El proyecto de creación de esta nueva universidad privada recibe el informe negativo de los técnicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades por deficiencias en su viabilidad financiera y en su apuesta docente e investigadora.
- A pesar de que estos informes negativos son avalados por la Conferencia General de Política Universitaria, como estos dictámenes no son vinculantes, queda en manos del ejecutivo autonómico la decisión de autorizar o no en sus parlamentos regionales el proyecto de universidad.
- Y dichos parlamentos autonómicos aprueban la propuesta de manera inmediata (en seis meses en el caso presente) y sin apreciar ninguno de los problemas señalados en el marco estatal.
Esta nueva universidad privada está vinculada al empresario Diego González y tiene una fuerte vinculación con la también universidad privada Isabel I, con campus en Valladolid y Burgos (a la que se adscribió en julio de 2025 como «puente» a su conversión en universidad privada). La voluntad de sus promotores es comenzar su actividad en el curso 2026/2027, curso en el que serán ya tres las universidades privadas en Baleares (la UMAC; el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez, adscrita a la Universidad de Comillas y el centro universitario Luis Belda adscrito a la San Pablo CEU).
De esta forma, por primera vez en la historia de este país, el próximo curso, 2026/2027, comenzará con más universidades privadas (51) que públicas (50) ofreciendo titulaciones universitarias. Y de las privadas, 26 tendrán ánimo de lucro frente a las 24 no mercantiles, propiedad de la Iglesia o fundaciones sin ánimo de lucro. Es más, desde el año 2019, de las 16 universidades privadas que se han creado, todas menos una tiene ánimo de lucro. El modelo de la universidad como un bien de mercado se ha implantado con el beneplácito de las administraciones que, supuestamente, deben defender el modelo público de universidad.
Y todo ello en un momento de crisis estructural de financiación de las universidades públicas por parte de las administraciones públicas que:
- Mediante el estrangulamiento presupuestario cuestionan su crecimiento y desarrollo y comprometen su funcionamiento diario. Los ejemplos de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Málaga y el más reciente de la Universidad de Sevilla, son avisos de lo que está por llegar.
- Favorecen el crecimiento incontrolado de universidades privadas, que se benefician de la dificultad, cuando no imposibilidad, de las públicas para ofrecer nuevas titulaciones o aumentar la oferta de plazas en las más demandadas por dicha falta de recursos presupuestarios.
Y siempre con el argumento de:
- La libertad de elección y de empresa, elección que no es tal y que restringe el acceso a la formación universitaria a quienes puedan pagárselo o empeñarse mediante préstamos personales o créditos al consumo que asfixian económicamente cada vez a más familias. El 13,8 % de los créditos al consumo se destinan para pagar los estudios, con un aumento de casi el 60% en los últimos cinco años.
- Y la búsqueda de la calidad, ausente en buena parte de estas nuevas universidades privadas.
E ignorando el papel de la universidad como el principal elemento nivelador y de ascensor social en este país e imponiendo una limitación cada vez mayor en el acceso a la universidad en función de la realidad social y económica de las familias y garantizando plenamente este derecho sólo a quienes puedan pagarlo.
Estas universidades se han creado bajo el modelo anterior a que entrara en vigor el RD 905/2025, que modifica el RD 640/2021 de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios. Pero, a pesar de ello, esta reforma, que debía ser de las más importantes de esta legislatura tras la entrada en vigor de la LOSU ya que se suponía que venía a endurecer los requisitos para la creación de nuevas universidades privadas, probablemente no responderá a las expectativas creadas y no impedirá la creación de universidades privadas de manera incontrolada. Y eso sin considerar los diferentes recursos presentados contra la norma tanto por comunidades autónomas gobernadas por el PP (Madrid, Aragón, Baleares) así como por diferentes universidades privadas (la primera que lo anunció fue la San Pablo CEU, aunque se han ido sumando otras).
CCOO denunció desde el primer momento la falta de ambición de la reforma. Resulta imprescindible que los criterios de necesidad, idoneidad y calidad primen en la decisión final de creación de una universidad por encima de las consideraciones políticas o económicas, que dependen básicamente de las mayorías parlamentarias y de los intereses de determinadas empresas o personas físicas o jurídicas. Para CCOO, cualquier norma sobre esta materia, para ser efectiva, debe armonizar y aumentar la exigencia de los requisitos mínimos necesarios para poder hablar de «universidad», así como fijar unos niveles básicos de calidad en todos los componentes de nuestro sistema universitario. Y tememos que la reforma aprobada, a la vista de su contenido y de los hechos, no garantiza que esto vaya a cambiar, por lo que reclamamos su reforma que, en el contexto actual de privatización de la educación superior, resulta imprescindible.