La Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), dependiente de la Junta, ha denegado recientemente la implantación de varios programas considerados estratégicos en universidades públicas: Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (Universidad de Granada), Grado en Ingeniería Biomédica (Universidades de Granada y Jaén), Máster Universitario en Inteligencia Artificial Aplicada a las Ciencias de la Salud (coordinado por la UNIA junto a la UGR), Programa de Doctorado en Arquitectura (coordinado por la Universidad de Sevilla, con participación de UGR y UMA).

Sin embargo, la Junta de Andalucía ha aprobado simultáneamente estas titulaciones en universidades privadas: Grado en Ingeniería Biomédica en la Universidad Loyola Andalucía (privada), aprobado el mismo día que se rechazaba en Jaén y Granada, Grado en Inteligencia Artificial y Computación en el nuevo campus de la Universidad Alfonso X el Sabio en Málaga.

Desde CCOO denunciamos que la junta favorezca a Universidades Privadas, otorgándoles grados que previamente han sido rechazados a las Universidades Públicas con total falta de transparencia y de criterios objetivos en los procesos de evaluación.

La denegación de grados estratégicos en las Universidades Públicas Andaluzas afecta al libre derecho de elección, generando una brecha económica en la que solo el estudiantado con alto poder adquisitivo podrá permitirse el acceso a dichos grados impartidos en Universidades Privadas.

Se crea un escenario de discriminación estructural dónde el mérito y la vocación quedan supeditados al poder económico, limitando la igualdad real de oportunidades en el sistema educativo y el derecho fundamental a la educación, garantizado por la Constitución Española. Esto constituye una clara vulneración del principio de igualdad y una amenaza real a la cohesión social, la calidad educativa y a la formación del estudiantado andaluz.

Además, también se genera una percepción social de debilitamiento del sistema público, lo que podría conducir a un deterioro de la calidad y la financiación. Un claro ejemplo lo tenemos en la Comunidad de Madrid, donde la asfixia económica está derivando que las Universidades Públicas de Madrid sean las peor financiadas de España y las que menos transferencias por alumno reciben. Al mismo tiempo, lideran la recaudación por precios públicos por estudiante, registrando los valores más elevados del país.

La política educativa debe impulsar un sistema que prime la excelencia, la transparencia y la igualdad de oportunidades.