LA LUPA TIENE UN TRASFONDO PROFUNDAMENTE IDEOLOGIZADO Y REGRESIVO PARA LAS PÚBLICAS

LA LEY DE UNIVERSIDADES QUE EL GOBIERNO ANDALUZ BUSCA IMPONER TIENE APARIENCIA INOCUA, PERO UN TRASFONDO PROFUNDAMENTE IDEOLOGIZADO Y REGRESIVO PARA LAS PÚBLICAS


El sindicato ha advertido el impacto regresivo de la Ley de Universidades Públicas de Andalucía (LUPA). «La norma nace sin compromiso financiero y amenaza la estabilidad del Sistema Universitario Público»
CCOO de Andalucía ha exigido eliminar cualquier vía de subvención directa o indirecta para las universidades privadas, incluyendo becas públicas aplicables a su alumnado. «No vamos a permitir un modelo universitario concertado que rompa la igualdad de oportunidades y consolide el elitismo social»


CCOO de Andalucía ha comparecido en el Parlamento andaluz para valorar el Proyecto de Ley de Universidades para Andalucía (LUPA) del que el sindicato ha advertido que «supone un paso más para la regresión que está sufriendo el sistema universitario público debido a la política privatizadora del Gobierno andaluz y agrava un modelo de financiación insuficiente, a pesar de que el Ejecutivo ha acumulado superávits muy elevados en los últimos ejercicios».

Para CCOO, esta situación no es casual. «Cinco universidades entraron en números rojos en 2024 y todo apunta a que en 2025 lo harán todas, mientras el Gobierno andaluz ha aprobado cinco nuevas universidades privadas».

El sindicato ha subrayado en su comparecencia que la solvencia de las universidades públicas «es esencial para la economía andaluza», recordando que representan el 2,96% del PIB regional y que son las que más contribuyen a generar tejido económico en su entorno. «Sin embargo, la LUPA no incorpora ninguna garantía financiera que asegure su sostenimiento y además impone la obligación de captar un 25% de financiación externa sin un marco estable, suficiente y realista que permita planificar los presupuestos plurianuales que la propia ley exige».

Por ello, CCOO reclama dos compromisos básicos: la fijación en la ley de la senda para alcanzar el 1% del PIB destinado al sistema universitario, tal como recoge la LOSU, y la incorporación de una cláusula de salvaguarda que garantice al menos el mantenimiento de las partidas de un ejercicio a otro, permitiendo las revisiones salariales, el crecimiento vegetativo de las plantillas y el cumplimiento de acuerdos, disposiciones legales y resoluciones judiciales.

Especial hincapié ha hecho el sindicato en la política privatizadora del Gobierno. «Exigimos eliminar cualquier vía de subvención, directa o indirecta, para las universidades privadas, incluyendo becas públicas aplicables a su alumnado. No vamos a permitir un modelo universitario concertado que rompa la igualdad de oportunidades y consolide el elitismo social». Asimismo, CCOO rechaza las titulaciones «espejo» creadas para las privadas y reclama que cualquier ampliación de plazas se realice en la oferta pública con financiación, personal e infraestructuras adecuadas.

El sindicato ha insistido en que no puede mantenerse el «doble rasero» para las universidades privadas -especialmente las de formación online- y ha exigido que cumplan todos los estándares de calidad, inspección y evaluación en igualdad con las públicas. También demanda un régimen estricto de incompatibilidades para impedir el trasvase de recursos humanos y materiales desde lo público hacia lo privado.

CCOO alerta, además, de las injerencias en la autonomía universitaria, dejando claro que «no vamos a aceptar que quienes no forman parte del sistema público voten sobre competencias que les son ajenas. No se puede poner al lobo a cuidar de las gallinas».

La organización sindical ha denunciado igualmente la creación de una nueva figura de profesorado cuya regulación corresponde al Estado y que incrementaría la precariedad, así como discriminaciones entre colectivos en función de su vinculación contractual, cuestiones que ya habían sido corregidas por sentencias favorables a CCOO.

CCOO ha dejado claro que la LUPA contiene elementos regresivos que ya fueron advertidos en el marco del diálogo social durante el proceso de su elaboración, «Es evidente que no han sido oídos y que pueden suponer un cambio de modelo que podría afectar gravemente al Sistema Público de Educación Superior en Andalucía».