Cerca de 270.000 estudiantes se han presentado en 2025 a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y en estos días están conociendo su resultado, por lo que pronto tendrán que elegir qué y dónde estudiar. En este contexto, la universidad pública enfrenta un enorme desafío: con una demanda de plazas que supera ampliamente a la oferta, miles de estudiantes se ven obligados a competir por un número limitado de vacantes, especialmente en las carreras más solicitadas.

La universidad pública oferta un número de plazas inferior al número de solicitudes de primera opción en todas las ramas de grado. En el curso 2023/2024:

• La tasa de preferencia (porcentaje de las plazas ofertadas en primer curso en un grado que se podrían cubrir con estudiantes que han elegido ese grado en primera opción) fue del 193%: el número de solicitudes de primera opción, 475.569, fue casi el doble del número de plazas públicas presenciales ofertadas, 245.956. En la rama de Ciencias de la Salud la tasa es del 481,0% (más de 4 alumnos potenciales por cada plaza).
• En el proceso de preinscripción de las universidades públicas presenciales del curso 2023- 2024 el 72,5% de estudiantes se pudieron matricular en su primera elección. Se cubrieron el 92,7% de las plazas ofertadas (en todo caso, se producen oscilaciones por ramas de enseñanza, entre el 101,2 % en Ciencias de la Salud y el 83,2% en Artes y Humanidades).
• El desajuste entre la oferta y la demanda de plazas universitarias públicas se ha incrementado en los últimos años especialmente en titulaciones biosanitarias, donde la demanda es muy superior a la oferta.

Esta limitación de plazas, ligado al aumento de la demanda de ingreso en las universidades públicas:

• Ha generado un incremento de las notas de corte para acceder a las universidades públicas presenciales, lo que impide que muchos estudiantes ingresen en su grado deseado, no solo en su primera opción sino también en las siguientes.

• Esto obliga, a quien puede permitírselo, considerar como opción las universidades privadas, lo cual implica un mayor coste económico y sacrificios para ellos y sus familias.
• Además, este fenómeno agrava la desigualdad en el acceso a la educación superior, ya que no todo el alumnado puede permitirse el coste de una universidad privada. En el curso 2023-2024, se ofertaron 245.956 plazas para 2.665 titulaciones, pero las preinscripciones superaron las 475.000.
• Y si esto se puede señalar en relación al acceso al grado universitario, la situación es mucho más compleja para el acceso a los másteres habilitantes (aquellos que otorgan la titulación necesaria para ejercer una profesión regulada, como la enseñanza, la abogacía, la arquitectura, la psicología, etc.), donde entre el 60 y el 85% de las plazas ofertadas son de universidades privadas.

Y si esta es la realidad, ¿por qué no ofertan más plazas las universidades públicas?

Simplemente por el hecho de que para ello:

1. Necesitan de la autorización de la administración de la que dependen (nacional y autonómica).
2. Y necesitan la financiación suficiente para disponer de los recursos humanos, técnicos y materiales adecuados.

Desgraciadamente, y salvo para determinados casos puntuales (especialmente en el caso de Medicina), las administraciones públicas no han atendido a la demanda de las universidades públicas de incrementar el número de plazas ofertadas: entre los cursos 2014-2015 y 2023-2024 la oferta se ha incrementado únicamente en 780 plazas.

Esta falta de autorización se debe, fundamentalmente a dos razones:

• Autorizar un mayor número de plazas implica necesariamente una mayor inversión, especialmente por parte de las Comunidades Autónomas (CC.AA.) en la financiación de las universidades públicas.
• Favorecer a las universidades públicas va en contra del modelo de universidad defendido en buena parte de las CC.AA., en las que se apuesta por el crecimiento incontrolado e injustificado de las universidades privadas y de la oportunidad de negocio que estas suponen. Y todo ello a un coste muy inferior al de invertir en la universidad pública.

La Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario (LOSU), en su artículo 55.2, establece el objetivo de alcanzar un mínimo de financiación pública del 1% del PIB para las universidades públicas para 2030. En valores absolutos, y basándose en el PIB de 2022, este 1% representaría 14.736 millones de euros. En ese año, el gasto público en universidades, incluyendo la compensación de los precios públicos (matrícula) fue de 11.374 millones de euros, 3.362 millones de euros menos. Las transferencias corrientes y de capital de las comunidades autónomas y del Estado a las universidades públicas presenciales representaban el 62,5% de esa cantidad (o el 57,7% considerando solo las comunidades autónomas). Y buena parte de las CC.AA. no están dispuestas a invertir ni un euro más en sus universidades públicas.

En definitiva, la falta de financiación suficiente de la universidad pública redunda, entre otros aspectos, en la oferta de plazas, en la adaptación de la oferta de titulaciones a la demanda de la sociedad, en los precios públicos, en la menor capacidad de flexibilizar las opciones asegurando la calidad y, en consecuencia, en la mayor carga que implica ofrecer formación de calidad. Esto, sumado al menor control y requisitos exigidos y las facilidades ofrecidas a las universidades privadas está abriendo el paso a un crecimiento de las matriculaciones en estas entidades privadas. La merma del peso de la universidad pública no hace sino ahondar en las desigualdades educativas, dificultando que las instituciones educativas públicas puedan avanzar hacia la igualdad real de oportunidades y la cohesión social.

Ante esta situación, CCOO reclama:

Implementar de manera inmediata la obligación legal de destinar el 1% del PIB autonómico a las universidades públicas.

Que la financiación pública, en todas sus modalidades, se destine a la universidad pública, que debe contar con los recursos y medios necesarios, entre lo que destaca una financiación adecuada, suficiente y previsible en el tiempo.

Garantizar una oferta de plazas en todos los niveles (grado, máster y doctorado) que permita que toda aquella persona que solicite plaza en una universidad pública tenga acceso a la misma. Esto es especialmente necesario en el caso de los másteres habilitantes, que se han convertido en la gran oportunidad de negocio para las universidades privadas. Con carácter de mínimos se debe garantizar la plaza a todo el alumnado procedente de la universidad pública.

Hasta que se alcance la gratuidad de los estudios universitarios, los precios del máster deben ser iguales que los de grado y debe ampliarse, en relación con las becas y ayudas al estudio, la dotación económica (especialmente en el caso de la ayuda a la residencia) y los supuestos contemplados para afrontar las nuevas realidades sociales y económicas.

Exigir a los centros privados universitarios las normas de calidad que debe cumplir una institución universitaria, revisar su necesidad en base a un mapa de titulaciones y establecer una moratoria de 10 años para la creación, autorización y reconocimiento de nuevas universidades y centros universitarios.

La universidad pública de calidad es un bien de toda la sociedad y constituye una de las principales formas de contribución al progreso social. No podemos dejar que la destruyan quienes quieren convertir el derecho de todas y todos en el negocio de una minoría.