Una norma regresiva que amenaza el modelo público andaluz de universidad

• Nace sin compromiso financiero y amenaza la estabilidad del Sistema Universitario Público.
• Da rango de ley a la infrafinanciación de las universidades públicas:
  • No garantiza la obligación de destinar, al menos, el 1% del PIB en inversión universitaria. Ni siquiera se explicita que se entiende por suficiencia financiera.
  • No refleja de forma explícita las transferencias públicas que garanticen el 100% del capítulo I (salarios) ni el capítulo II (gastos básicos) y obliga a las universidades a cubrir, con recursos propios, al menos el 25% de sus presupuestos sin un marco estable, suficiente y realista que permita planificar los presupuestos plurianuales que la propia ley exige.
• Contiene amenazas a la autonomía universitaria, constitucionalmente protegida (art. 27.10).
• Contempla una financiación pública encubierta a universidades privadas, incluso mediante becas.
• Refleja un nuevo modelo de gobernanza que favorece a las universidades privadas: el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria (CACU) incluiría a universidades privadas, dejando en minoría a las públicas. Se otorga por primera vez capacidad de voto a las universidades privadas, para planificar y coordinar el sistema universitario andaluz. Hasta ahora podían participar, pero no votar. El CACU ha tenido una posición muy crítica los últimos años con la autorización que la Junta ha dado a las primeras universidades privadas, ya implantadas o en proceso de estarlo. El cambio legislativo implica que ahora, esas mismas empresas podrán intervenir en decisiones estratégicas y, en un escenario futuro en el que las privadas superen en número a las públicas (actualmente son cinco frente a diez), y si los seis proyectos pendientes de aprobación, que seguro serán aprobados, conformarán mayoría en el pleno.
• Contiene un doble rasero con las universidades privadas: mismos derechos que la pública, pero menos obligaciones.
• Retoma la figura docente (Profesor Ayudante) que han sido suprimida por la LOSU, además de ser inconstitucional, se va a utilizar como sustitutiva de los contratos FPU. Esta figura consolida un modelo de precarización estructural del personal investigador en formación y traslada a las universidades responsabilidades que corresponden a la administración autonómica.
• Incorpora mecanismos de intervención e injerencia de la administración autonómica en ámbitos propios de la gobernanza universitaria. La norma consagra un modelo de intervención de la administración en la gobernanza y gestión universitaria, que extiende su control a cuestiones como la autorización de las RPTs, de las promociones y sustituciones del personal, y el control del ejercicio presupuestario (para el que se crea la nueva figura del interventor).

Esta norma, que viene a sustituir Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, se ha tramitado por vía de urgencia, contando solo con los informes del gabinete jurídico y del Consejo Consultivo de Andalucía. El gobierno andaluz no ha solicitado el dictamen del Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del Ejecutivo andaluz en materia socioeconómica. CCOO denunció esta actuación que evidencia la falta de transparencia del ejecutivo autonómico en la tramitación de esta norma.

La tramitación de la LUPA evidencia la falta de voluntad del gobierno autonómico de contar con un consenso social real y con la comunidad universitaria, que se sustituye por el rodillo parlamentario.

La realidad es que la LUPA no recoge ningún compromiso económico concreto que garantice la solvencia del sistema público universitario. Ni personal, ni gastos básicos, ni becas, ni bonificaciones de matrícula: así es imposible garantizar una educación superior pública de calidad. Es más, puede romper la igualdad de oportunidades y amenaza convertir la educación superior en un privilegio para quienes puedan pagarlo.

Frente a este modelo CCOO reclama:

• La fijación en la ley de la senda para alcanzar el 1% del PIB destinado al sistema universitario, tal como recoge la LOSU, y la incorporación de una cláusula de salvaguarda que garantice al menos el mantenimiento de las partidas de un ejercicio a otro, permitiendo las revisiones salariales, el crecimiento vegetativo de las plantillas y el cumplimiento de acuerdos, disposiciones legales y resoluciones judiciales.
• Exclusión de las universidades privadas del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria (CACU) .
• Eliminar cualquier vía de subvención, directa o indirecta, para las universidades privadas, incluyendo becas públicas aplicables a su alumnado. No vamos a permitir un modelo universitario concertado que rompa la igualdad de oportunidades y consolide el elitismo social. La financiación pública debe ir a las universidades públicas.
• El desarrollo de un mapa de titulaciones autonómico en el que la oferta de las universidades privadas sea complementaria pero no sustitutiva ni similar a la oferta de las universidades públicas. Rechazamos las titulaciones «espejo» creadas para las privadas y reclamamos que cualquier ampliación de plazas se realice en la oferta pública con financiación, personal e infraestructuras adecuadas.
• El cumplimiento por las universidades privadas de todos los estándares de calidad, inspección y evaluación en igualdad con las públicas. También demandamos un régimen estricto de incompatibilidades para impedir el trasvase de recursos humanos y materiales desde lo público hacia lo privado.
• La defensa a ultranza de la autonomía universitaria con una rendición responsable de cuentas, pero nunca con un intervencionismo político de la institución universitaria y en la gestión de sus recursos humanos y materiales.
• La estabilidad de las plantillas universitarias y un modelo garantista de derechos.

En un contexto en el que podemos asistir a una revisión de las normas autonómicas universitarias (se está elaborando una nueva ley en la Región de Murcia claramente regresiva y no vamos a insistir en la LESUC madrileña, que, aunque aparcada de momento, contiene claros elementos de inconstitucionalidad), la LUPA representa un modelo de lo que no debe ser una ley autonómica universitaria ya que consagra el intervencionismo en la autonomía y la vida universitaria, cuestiona la viabilidad del modelo público universitario al tiempo que da rango de ley al modelo de la universidad como oportunidad de negocio. La LUPA contiene elementos regresivos que pueden suponer un cambio de modelo que podría afectar gravemente al Sistema Público de Educación Superior en Andalucía y desde CCOO confrontaremos contra el modelo de universidad que propone.