Previamente, CCOO solicitó al Defensor del Pueblo la presentación de recurso de inconstitucionalidad contra la LUPA
Tras la presentación de este escrito, y en línea con lo defendido por CCOO, hemos tenido conocimiento que el Ministerio de Política Territorial y Política Democrática ha emplazado a la Comunidad de Andalucía a la apertura del proceso contemplado en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Esto supone ampliar el plazo de 3 a 9 meses para la presentación de recursos de inconstitucionalidad por el Gobierno si en la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la respectiva Comunidad Autónoma creada al efecto, no se alcanza un acuerdo sobre las discrepancias existentes en relación con la constitucionalidad de la LUPA, acuerdo que de producirse podría suponer la modificación del texto legal. El ministerio ha manifestado que la Ley 1/2026 presenta problemas de constitucionalidad desde tres perspectivas: de un lado, contradice en múltiples puntos la normativa básica estatal amparada en el art. 149.1.30.ª CE (es decir, la LOSU); de otro, incurre de forma frecuente en una injerencia sobre la autonomía universitaria constitucionalmente garantizada por el art. 27.10 CE -configurada como derecho fundamental-, desnaturalizando así el espacio de libertad académica e institucional que la Constitución garantiza con independencia del legislador autonómico; y finalmente, invade la competencia exclusiva del Estado en materia laboral (art. 149.1.7.ª CE) al regular figuras contractuales al margen del catálogo especificado de la LOSU.
La LUPA representa un modelo de lo que no debe ser una ley autonómica universitaria ya que consagra el intervencionismo en la autonomía y la vida universitaria, cuestiona la viabilidad del modelo público universitario al tiempo que da rango de ley al modelo de la universidad como oportunidad de negocio. Estamos ante una norma que contiene elementos regresivos que pueden suponer un cambio de modelo que podría afectar gravemente al sistema público de educación superior en Andalucía al tiempo que se vulnera el marco de derechos definidos constitucionalmente. No debe olvidarse que las leyes autonómicas son una manifestación legítima del autogobierno territorial, pero solo son válidas cuando respetan el marco constitucional y el reparto competencial establecido por la Constitución Española.
CCOO no solo denuncia: actúa
Esta iniciativa demuestra que CCOO no se limita a protestar: actúa en todos los frentes disponibles, también en el jurídico e institucional. La defensa de la universidad pública es un compromiso transversal de nuestra acción sindical. Solo con organización, presencia y presión colectiva podremos frenar un modelo que amenaza la autonomía universitaria, la estabilidad de la plantilla y el futuro de la universidad pública.