FECCOO participa en el Comité Permanente de Investigación en Educación Superior del ETUCE, donde se denuncian la creciente precariedad en el sector, los recortes en inversión pública y las amenazas políticas a la autonomía y la libertad académica en Europa y EE.UU.
Durante los días 12 y 13 de marzo se ha celebrado en Bruselas el Comité Permanente de Investigación en Educación Superior (HERSC) del ETUCE en el que FECCOO fue representada por Luisa Esteban, vicedecana de la Universidad de Zaragoza. Uno de los objetivos del Comité es que las organizaciones sindicales miembros elaboren estrategias, compartan información y experiencias de sus diferentes países para fortalecer el trabajo del ETUCE y conseguir mejoras en el sector.
El Comité aborda temas como las iniciativas de la Unión Europea en materia de investigación en educación superior, pero también en el ámbito de la educación superior e investigación europea en su conjunto.
Uno de los asuntos que se abordó fue la precariedad en las políticas de los gobiernos, con recortes de gastos, y se señaló que la investigación en educación superior siempre está bajo la lupa de intereses privados y en constante amenaza, con independencia del país. De hecho la precariedad en educación superior e investigación está muy generalizada en la mayoría de los países.
Otro de los debates entre los miembros del Comité fue cómo la calidad de la educación superior está amenazada, cómo los costes de estudiar y las tasas están limitando la igualdad de acceso a las instituciones de educación superior y aumentando la deserción temprana sin graduación, lo que crea mayores desigualdades sociales.
También se abordó cómo se están produciendo ataques políticos e ideológicos a las instituciones y cómo se están restringiendo las libertades esenciales de enseñanza e investigación y socavando la libertad académica, la autonomía institucional, el autogobierno de la docencia en la educación superior y la integridad académica.
Durante la reunión se trataron los desarrollos políticos que impactan a la educación superior e investigación. También se discutieron los principales desarrollos de políticas europeas entre los que se incluye el informe Draghi, y la Unión de Competencias, las prioridades del Consejo de la UE: Presidencia polaca, los datos sobre educación superior del Monitor de Educación y Formación 2024, y la Recomendación del Consejo, de 25 de noviembre de 2024, sobre carreras profesionales atractivas y sostenibles en la educación superior.
Por otro lado, en la conferencia de ETUCE celebrada en noviembre se aprobaron dos resoluciones: «En defensa de la educación superior y la investigación en tiempos de crisis» y «Proteger al personal de enseñanza superior y de investigación de los ataques de las políticas conservadoras y neoliberales», que los miembros del Comité analizaron para diseñar estrategias de futuro.
La inversión pública en educación superior e investigación por parte de los gobiernos y de la Unión Europea es crucial y constituye una piedra angular para la paz, el progreso, la democracia y la justicia. Además, como recoge una de las reivindicaciones sindicales: una mayor inversión en ciencia debería generar remuneración y condiciones laborales creativas para el personal investigador con talento que actualmente trabaja en universidades y centros de investigación de otros países. Si se invirtiera en ciencia, el personal que está fuera podría volver a su país.
Otro punto del Comité fue la elección de la presidencia y de las vicepresidencias europeas en el HERSC. La primera recayó en Noruega y, las segundas, en Irlanda e Italia.
Por último, los sindicatos realizaron un comunicado de apoyo y solidaridad a nuestros colegas estadounidenses de la AFT y la NEA y sus estudiantes en su campaña contra la doctrina de choque autoritaria introducida por la Administración Trump.
«Este ataque desmedido contra la educación pública se ilustra dramáticamente por la intención declarada de cerrar el Departamento de Educación federal y también por los recortes atroces y sin precedentes en la financiación de programas críticos de educación pública e investigación, el asalto a la libertad académica y la imposición asociada de obediencia anticipada y autocensura en las instituciones educativas y de investigación. Esta política antiintelectual de destrucción gratuita también es evidente en las órdenes ejecutivas dirigidas contra el bienestar social, la investigación científica, las políticas de protección del medio ambiente y la salud pública, mediante recortes presupuestarios, despidos masivos y la destrucción de la integridad de las comunicaciones y las bases de datos. Estas acciones amenazan los cimientos de la sociedad democrática».