Si para final de año el Gobierno no ha desbloqueado la negociación, iremos a una huelga general en las administraciones y empresas públicas, el objetivo es exigir un nuevo acuerdo salarial que descongele las nóminas de los empleados públicos en 2025 y permita recuperar el poder adquisitivo de los salarios.
No nos vale la excusa de que no hay Presupuestos Generales del Estado, se pueden utilizar otros mecanismos como el Real Decreto Ley. No podemos esperar más, máxime cuando las últimas estimaciones situaban el IPC en el 2,9% interanual el pasado septiembre, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo de las empleadas y de los empleados públicos.
Otras reclamaciones pendientes
El incremento salarial de los sueldos no es la única cuestión pendiente para estas negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos de función pública. También reclamamos la recuperación del 100% de las pagas extras del personal funcionario, recortadas en 2010, la regulación de la jubilación parcial del personal laboral, funcionario y estatutario, entre otros, o establecer medidas para consolidar el empleo en las distintas administraciones públicas.