Por mucho que traten de marear la perdiz el responsable de esta situación es el gobierno andaluz que desde 2019 viene provocando una política de asfixia económica progresiva a las Universidades Públicas. Mientras promueve la proliferación indiscriminada de universidades privadas, ya existen seis universidades privadas en Andalucía, de las cuales cuatro no cumplen con los criterios mínimos de calidad. Y en espera cuatro más.
Esta política de asfixia se materializa a través de la infrafinanciación, incumpliendo su propio de Modelo de Financiación. ¿Cómo? no dando cobertura económica al crecimiento vegetativo de las plantillas universitarias (trienios, quinquenios, sexenios, etc.), al importe total de las sentencias a las que tienen que afrontar las universidades, al total de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Negociación, al total de las subidas salariales de los Presupuestos Generales del Estado, al incremento de los costes energéticos y de funcionamiento, ni tampoco, al mantenimiento de las infraestructuras universitarias.
Esta situación de déficit ha provocado que las universidades públicas estén presentando Planes de ajuste económicos que no se corresponden con la marcha de la economía ni con el superávit generado en las Cuentas de la Comunidad Autónoma a costa de no desarrollar suficientemente los servicios públicos. Estos planes no son otra cosa que recortes, recortes, recortes provocados por el incumplimiento reiterado del Modelo de Financiación del gobierno del PP de Moreno Bonilla.
Al final, las universidades públicas ya sea por cobardía, por temor a mayores represalias o por una mal entendida lealtad institucional, se están convirtiendo en los brazos ejecutores de las políticas de recortes de la Junta de Andalucía.
Estas políticas de recorte ya tienen consecuencias directas en el empleo y en las condiciones laborales de las trabajadoras y de los trabajadores universitarios.
Las universidades no van a contratar al mismo número de profesorado sustituto que debería mantener los grupos de docencia. Por lo que las notas de corte no dejan de subir, provocando que cada vez más profesores y más estudiantes se vean expulsados al sector privado. Una mayor dedicación a la docencia del profesorado fijo provocará, por un lado, una bajada importante en la investigación que se realiza en las universidades públicas; y, por otro lado, una bajada de las ratios afectando a la calidad de la docencia que se imparta.
También se están restringiendo el número de plazas de OPE, retraso en las promociones internas de su personal y reduciendo las contrataciones y nombramientos de personal de sustituciones de administración y servicios. Esto provoca claramente despidos del personal de sustituciones, sobrecarga laboral en la plantilla fija y termina afectando a la calidad docente e investigadora como demuestra el hecho de que 3 de las 6 Universidades Públicas que se encontraban en los mayores rankings internacionales hayan salido de estos y otras hayan bajado su valoración como efecto directo de la infrafinanciación que afecta al conjunto del sistema universitario.
También afectan al número de plazas ofertadas en los estudios universitarios más demandados porque no se puede contratar a más profesorado y tampoco se pueden ampliar la infraestructura necesaria para impartir la docencia (aulas, laboratorios, bibliotecas, etc.), obligando a las familias andaluzas a rascarse el bolsillo, aquella que pueda.
Y no sólo en el empleo y en las plazas ofertadas, también está provocando la descapitalización de las universidades públicas porque como no hay financiación para infraestructura y tampoco quedan remanentes no afectados (ahorros), a las universidades se les está obligando a descapitalizarse vendiendo espacios que son de su propiedad y en el mejor de los casos arrendándolos.
Esta situación económica del Sistema Universitario Público Andaluz, que es muy grave, no tiene ninguna lógica, ni financiera, ni económica cuando el crecimiento económico tanto de la Comunidad Autónoma como de España en los últimos años es envidiable. Y para colmo, en los últimos años, la Junta de Andalucía cierra los ejercicios con superávit presupuestario. Sin irnos muy lejos en 2024, 1.581 millones y en 2025, 315 millones de euros.
La Junta no entiende que la financiación universitaria no es un gasto, sino que se trata de una inversión ya que, según los últimos estudios realizados, por cada euro de inversión, la Universidad devuelve entre 5,5€ y 7€ dependiendo de la universidad. Además, la inversión en las Universidades Públicas de Andalucía genera el 2,96% del PIB de Andalucía. Esto en cifras significa que en 2025 las Universidades habrían aportado un total de 6.923 millones de euros, mientras que la Junta las financió con tan sólo 1.783 millones.
Esta política del gobierno del PP de Moreno Bonilla tiene consecuencias nefastas para la sociedad andaluza porque desaparece la igualdad de oportunidades y el ascensor social, provocando que el acceso a la universidad dependa del bolsillo de cada familia y no del mérito y capacidad de la persona.
Exigimos al Gobierno Andaluz y al Gobierno Central que cumplan con la LOSU y la financiación universitaria andaluza se sitúe como mínimo en el 1% PIB, eso hubiese supuesto que en 2024 la financiación hubiesen sido 350 millones de más, en 2025, 559 millones y en 2026, 610 millones.
Defender la Universidad Pública y de Calidad es defender la igualdad de oportunidades, la cohesión social y el futuro para Andalucía