El pasado 19 de febrero CCOO compareció en la Comisión del Parlamento Andaluz para trasladar su posición ante el Proyecto de Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Andalucía (ACTIVA).
Otra Ley, junto a la LUPA, que no ha pasado por el Consejo Económico y Social de Andalucía (CES) demostrando el desprecio del Gobierno andaluz a la participación social, a través de los agentes sociales, en el proyecto de la Ley ACTIVA.
No sólo se desprecia la participación social sino también el debate parlamentario porque su paso por el Parlamento será a través del trámite de urgencias, al igual que la LUPA y las 4 leyes de aprobación de las universidades privadas. Está clara la hoja de ruta del gobierno de Juanma Moreno respecto a todo lo relacionado con la universidad.
CCOO alerta de la precariedad laboral y la falta de financiación garantizada en I+D+i, y reclama garantizar un futuro estable para el personal investigador.
En Andalucía, la inversión en talento joven no puede perderse por la falta de oportunidades, por la precariedad e inestabilidad laboral, viéndose nuestro joven personal investigador obligado a emigrar a otros territorios del Estado o al extranjero para desarrollar sus carreras profesionales.
Esta Ley (ACTIVA) debería ser el escudo contra la precariedad, pero tal y como está redactada, perpetúa un modelo de ‘usar y tirar’ de nuestro talento.
CCOO denuncia que la ley no garantiza la estabilidad ni las condiciones dignas de trabajo para el personal investigador predoctoral, ni para el personal técnico de laboratorio o el personal de administración y servicios, perpetuando un modelo de «usar y tirar» del talento andaluz. La Ley dista mucho de ser el escudo contra esa precariedad.
Entre los principales problemas señalados por CCOO se encuentran:
– Precariedad laboral: retrasos en la firma de contratos, despidos al finalizar proyectos y contratos temporales que dificultan la planificación de la carrera universitaria.
– Falta de inversión pública garantizada: ausencia de un suelo de financiación para I+D+i que asegure continuidad de proyectos y estabilidad en docencia e investigación.
– Gobernanza limitada: exclusión de los agentes sociales y sindicales de órganos de participación universitaria y científica.
– Buenas intenciones: no hay un compromiso claro en la reducción de la brecha de género.
– Privatización del conocimiento: riesgo de que la investigación financiada públicamente se transfiera al sector privado sin retorno social para Andalucía.
CCOO Enseñanza Andalucía exige al Gobierno andaluz:
1. Garantizar contratos estables y carreras universitarias predecibles.
2. Blindar la financiación pública universitaria con un porcentaje del PIB destinado a I+D+i que como primer paso sea alcanzar media española y como paso siguiente, la media europea.
3. Incluir a sindicatos y representantes del personal en órganos de gobernanza del Sistema Andaluz del Conocimiento.
4. Mecanismos de corrección reales para reducir la brecha de género.
5. Priorizar el conocimiento generado en universidades públicas para el bienestar social y no para beneficios privados.
Para CCOO, una ciencia y una docencia universitaria precarias son una educación y un futuro precarios. Andalucía no puede permitirse que su talento se vaya fuera mientras la ley mantiene la inestabilidad en nuestras universidades.
CCOO quiere que la Ley ACTIVA sirva para que el próximo gran avance científico andaluz no lo tenga que firmar una persona investigadora emigrada, sino una con contrato estable y digno en nuestra tierra.