CCOO de Andalucía ha criticado la «falta de transparencia» de la consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía con los andaluces al obviar el Consejo Económico y Social de Andalucía (CES-A) en la tramitación de una Ley con un alto contenido socioeconómico, como es la Ley de Universidades para Andalucía (LUPA).
En repetidas ocasiones, desde CCOO-A se ha solicitado al Consejo Económico y Social de Andalucía que la Ley de Universidades para Andalucía pasase por este órgano consultivo del Gobierno Andaluz para que «en su dictamen se conociese el sentir socialrepresentado en el Consejo».
En cambio, el sindicato ha recriminado que eso «no ha sido así» y que la LUPA no ha pasado por el Consejo. Por ello, desde la entidad han criticado «la falta de voluntad política y social» de la Junta, asegurando que «parece más preocupada por intereses ajenos a la mayoría de la sociedad andaluza y a la necesidad de desarrollo universitario, especialmente público, de Andalucía».
Asimismo, CCOO-A ha señalado que ya la organización sindical denunció en su momento el contenido de la LUPA con más de cuarenta enmiendas al anteproyecto de Ley, al considerar que esta «tiene elementos regresivos que perjudican a la universidad pública en beneficio de la privada«. Entre otras cuestiones, el sindicato ya apuntaba que la Ley «no garantiza la solvencia y el sostenimiento económico del sistema público«, mientras se contempla la posibilidad de financiar parcialmente, con fondos públicos, a las universidades privadas.
«No existe ningún compromiso que asegure el sostenimiento financiero del sistema público, ni la aplicación del 1% del PIB, contemplado en la LOSU, ni ninguna otra medida económica de salvaguarda que garantice la suficiencia financiera del sistema y el desarrollo del mapa de titulaciones», ha apostillado el sindicato.
Igualmente, en la LUPA se pretende desarrollar un sistema de becas que incluya a las universidades privadas, lo que supondría una «subvención indirecta» de las mismas, sin tener en cuenta los mecanismos de acceso, «por lo que se financiarían los costes universitarios a los más pudientes, fomentándose el elitismo social». Una ley que, a su juicio, «debe contar con el mayor consenso social posible, este se sustituye por el rodillo parlamentario» .