Destaca que es una Ley demasiado generalista, que continua sin aprobarse el Estatuto del PDI y que refuerza el papel de las comunidades autónomas.
Con la publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que entrará en vigor dentro de 20 días, la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía quiere dejar claro que este nuevo marco legislativo no resuelve los problemas del sistema universitario español.
Entre otros aspectos, destacan que se trata de una Ley demasiada generalista en numerosos apartados y que va a necesitar ser desarrollada por reales decretos para su adecuado funcionamiento, continúa sin aprobarse el Estatuto del PDI y se refuerza el papel y, por tanto, el poder de las comunidades autónomas.
En cuanto a la financiación, la LOSU recoge que las universidades públicas deben alcanzar un mínimo de financiación pública del 1% del PIB en 2030 y desde CCOO se entiende que el sistema de financiación debe comprender un marco estable plurianual suficiente para la prestación de un servicio público y de calidad. Además, resalta que aunque se cumpla el objetivo de financiación previsto en la ley, las universidades públicas españolas estarán en clara desventaja a nivel internacional, puesto que actualmente ese porcentaje está por debajo de la media de la Unión Europea y de la OCDE.
Respecto al estudiantado, se crean los consejos de estudiantes como órganos máximos de representación en todos los centros, se detallan los derechos relacionados con la formación académica y se incorpora el derecho al paro académico.
Importantes reformas acomete esta Ley en relación a la gobernanza. Por un lado, el mandato de los titulares de los órganos unipersonales electos será por un único periodo de seis años y todos los cargos electos serán elegidos por sufragio universal ponderado; y, por otro, abre la puerta para que puedan dejar de existir centros y departamentos que puedan crear estructuras cuya dirección y funcionamiento dependan exclusivamente del rector.
La conclusión de estos cambios para CCOO es que la forma de funcionamiento es demasiado presidencialista y con escasa rendición de cuentas a la comunidad universitaria, a pesar de que la primera impresión es que la ley parece popularizar y democratizar los órganos electos.
Profesorado
La Ley también contempla novedades en el ámbito del personal, especialmente del profesorado laboral. Se elimina la figura de Ayudante. El Profesorado Ayudante Doctor será contratado temporal durante seis años, sin necesidad de acreditación externa; se modifica la nomenclatura de Profesorado Contratado Doctor por la de Profesorado Permanente Laboral (PPL) y, para acceder, será necesaria una acreditación previa externa; se limita la dedicación del Profesorado Asociado a 120 horas y se establece que los contratos serán indefinidos, excepto el de Asociados de Ciencias de la Salud; se limitan temporalmente los contratos de profesorado visitante a dos años; y, por último, se crean dos nuevas figuras, la del Profesorado Sustituto y la del Profesorado Distinguido.
Con todo ello, CCOO considera que ni aborda ni resuelve el grave problema de precariedad y temporalidad que sufre el sistema universitario español, de manera que la precariedad se puede alargar en el tiempo.
La LOSU sí contempla que los méritos exigidos para la acreditación a TU o PPL se deben de poder alcanzar en el tiempo que dura la etapa inicial de la carrera académica, que ha sido una reivindicación de CCOO. Otra novedad importante es que las agencias de calidad regionales podrán desarrollar la evaluación de los méritos para el acceso a los cuerpos docentes (TU y CU), aunque será necesario un convenio con la ANECA.
Sin embargo, esta Ley no apuesta realmente por la disminución de la temporalidad y precariedad del PDI, porque solo menciona que el profesorado funcionario será mayoritario en cómputo de equivalencias a tiempo completo, lo que en la práctica supondrá que se puedan aumentar aún más las plantillas de profesorado con dedicación a tiempo parcial.
En lo que respecta al personal de administración y servicios, la Ley cambia su nombre por el de personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) y la redacción de los artículos es poco ambiciosa y demasiado generalista, haciendo depender el desarrollo de la carrera profesional a la voluntad de las universidades y de las comunidades autónomas.
Y sobre el personal empleado investigador, la LOSU simplemente ignora a este amplio colectivo, que supone casi un 25% de las personas empleadas en figuras de investigación diferentes a las del PDI y pueden ver mermados sus derechos como trabajadores de la Universidad.
Un tema crucial y por el que la Ley pasa de puntillas es el de la Igualdad, porque no contempla explícitamente la creación de planes de Igualdad y lo trasfiere a la constitución de la unidad de igualdad en cada universidad. CCOO entiende que la Ley se queda muy corta en este aspecto, porque la Universidad es un ámbito tradicionalmente masculinizado.
Por último, la LOSU, sin embargo, es muy permisiva con las universidades privadas y los requisitos de su profesorado. Además, los mecanismos de inspección se dejan en manos de las comunidades autónomas, cuyos gobiernos han dado el visto bueno a la creación de algunas con informes negativos de los órganos colegiados de coordinación universitaria.
Un CCOOrdial saludo y seguiremos informando.
Comisiones Obreras es el primer sindicato en la Función Pública, al contar con el apoyo de un 37,35% del personal público frente al 33,91% de UGT, el 22,14% de CSIF, el 2,88% de CIG y el 3,72% de ELA. Fuente: BOE nº 25, de 29 de enero de 2021 – Referencia: BOE-A-2021- 1267, Anexo 2.1