COMUNICADO SINDICAL CONJUNTO UGT Y CCOO: LA ENCUESTA AL PROFESORADO UGR AL CALOR DE CRISIS: ¿UNA FORMA DE CONTROL?

Desde que se inició el Estado de Alarma el 15 de marzo de 2020 la UGR se ha embarcado en la transformación a la “docencia y tutorización virtual” para adaptarse a este nuevo escenario que no hace posible la presencialidad.

El esfuerzo del profesorado y el voluntarismo de los estudiantes para evitar que los contenidos de las materias dejen de impartirse y se pierda el curso académico son evidentes. Sin embargo, la urgencia de la situación y las múltiples decisiones que hay que tomar no deben evitar que consideremos el impacto a corto y medio plazo que éstas pueden tener.

La Universidad de Granada es una universidad presencial, con profesorado formado para impartir este tipo de docencia, planes de estudios acreditados e instalaciones y recursos dispuestos para tal fin. Sin embargo, el profesorado, con las competencias y herramientas de las que disponía cada uno o con las ha podido hacerse en un tiempo récord, ha seguido atendiendo a su alumnado, más por compromiso profesional que por las facilidades encontradas.

Así, de una forma increíble y sin precedentes, una universidad con más de 3.000 profesores y 56.000 estudiantes produjo una adaptación de un sistema formativo presencial a uno virtual en unos pocos días, que además coincidían con un fin de semana.

Y a los quince días, en estas excepcionales circunstancias y esfuerzos continuados, se nos piden “cuentas” sobre lo que estamos haciendo, mediante el uso de algunos “cuestionarios para la evaluación docente del profesorado”.

Esta iniciativa la hacen suya algunos decanos/as, de forma bastante improvisada, y recientemente el equipo de gobierno de la Universidad de Granada la legitima en el punto 5 del /Documento marco para la adaptación de la docencia y evaluación en las Universidades andaluzas a la situación excepcional provocada por el Covid-19 durante el curso académico 2019-2020/.

Un documento que no ha sido negociado con los representantes de los trabajadores en la Mesa de Negociación de Universidades de Andalucía y se puede considerar, en todo caso, como unas recomendaciones generales, sin valor legislativo, es decir, del que no pueden derivarse obligaciones para el profesorado.

Se ampara en la excusa de la identificación de las dificultades encontradas, para supuestamente articular soluciones. Sin embargo, el empleo de estos instrumentos nos plantea dudas y el posible uso de las informaciones obtenidas algunas preocupaciones:

* La protección de datos se vulnera en todo momento. Los cuestionarios requieren de los datos personales del/la profesor/a como “campo obligatorio”: nombre y apellido, departamento, titulación, grupo en el que imparte docencia, materia. No se entiende que, si la finalidad es la identificación de dificultades, ésta deba hacerse de forma nominal por profesor/a y no por materias o titulaciones.
* El cuestionario pide al profesorado que declare cómo ha cambiado su docencia, antes de haberse aprobado una resolución que nos permita cambiar la guía docente de la materia o haberse planteado indicaciones sobre las posibles adecuaciones de las guías de estudio. Por lo que, normativamente, estas declaraciones pueden comprometer al propio profesorado.
* Los datos que se obtienen con los cuestionarios están más cerca del control del desempeño o de las tareas docentes que de la identificación de dificultades y de propuestas de posibles soluciones por parte del profesorado, al que se le podría haber preguntado directamente.
* La custodia de los datos obtenidos, así como su posible uso al tenerlos asociados a personas, plantea numerosas dudas. Ya en otras ocasiones datos o méritos recogidos para un uso han recibido uno muy distinto.
* Las competencias sobre la docencia recaen en los departamentos y su control en la inspección de servicios. A los decanatos y coordinaciones de titulación, con otras funciones a las que deberían estar atendiendo, no les corresponden éstas. En el estado de alerta, que no de “excepción”, deben preservarse todos los derechos y responsabilidades laborales y organizativas.
* Las actuaciones de los docentes de la UGR no muestran más que evidencias de compromiso y esfuerzo. El Equipo de Gobierno no parece tener evidencias de lo contrario. Y si las tiene, posee los recursos y procedimientos para tomar medidas de forma ordinaria. No necesita articular de forma sumarísima nuevos procedimientos e instrumentos que en todo caso deberían ser objeto de negociación.
* El profesorado no se ha opuesto nunca a la evaluación de su labor docente para mejorarla. Pero sí a una supervisión poco clara de sus tareas por órganos y personas en las que no reside tal competencia.

*Cualquier Evaluación del PDI obliga a su Negociación con las Organizaciones Sindicales*

Nuestro ordenamiento jurídico exige que cualquier evaluación que se realice sobre los trabajadores debe ser negociada con sus representantes, a través de las organizaciones sindicales. En este caso, la evaluación de la docencia del profesorado y los instrumentos para realizarla deben ser motivo de negociación, pero tal negociación no se ha llevado a cabo.

De nuevo, el Estado de Alerta y, a su calor, la urgencia de supuestas medidas no deben ir en detrimento de la pérdida de derechos laborales. Volvemos a recordar que durante un Estado de Alarma no se suspenden los derechos individuales ni
colectivos, como son los de los trabajadores y de sus legítimos representantes.

Por todo ello y dada la gravedad de la situación planteada, desde *CCOO* y *UGT* solicitamos que se cancele este inapropiado procedimiento de evaluación. Y si realmente existe su necesidad, se plantee este tema en la Mesa Sectorial de PDI, para alcanzar un consenso que preserve todas las garantías para el profesorado.

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