Hay una tendencia en las Administraciones Públicas de gestionar la contratación de servicios externos teniendo solo una motivación economicista de ahorro nominal a la hora de contratar servicios públicos.
Esto provoca varios daños colaterales:
- Daño del servicio público
Se produce una bajada alarmante de la calidad y cantidad de los servicios prestado a la ciudadanía, ya que las empresas adjudicatarias trasladan automáticamente el ahorro al servicio.
- Daño a las empresas
Las empresas no pueden trasladar la bajada del presupuesto al servicio y se ven obligadas a renunciar a la concesión. Ejemplo: caso de la vigilancia en la Diputación.
- Daño a las trabajadoras y los trabajadores
Es lo más importante del asunto: las primeras personas perjudicadas del punto anterior son las trabajadoras y los trabajadores que dejan de cobrar sus salarios, esto si la empresa se comporta normalmente porque, si las empresas son chorizas, su primera acción es bajar los salarios y los derechos de las personas trabajadoras, saltándose los convenios aprovechando la precariedad del mercado laboral.
Como botón de muestra, últimamente se está dando casos en la provincia: es lamentable que una Administración Pública, el Ayuntamiento de Granada, ayude a precarizar las condiciones laborales de las personas trabajadoras en el sector de la ayuda a domicilio, un sector superfeminizado.
Afortunadamente en este caso, El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Granada ha suspendido el procedimiento del nuevo contrato de ayuda a domicilio de la ciudad de Granada para que se corrijan los defectos de los pliegos. El pliego establece unas condiciones económicas que no garantizan la cobertura de los costes salariales y que supone el incumplimiento del convenio colectivo.
Las Administraciones Públicas deben tener cuidado para no precarizar las condiciones de trabajo de las personas asalariadas y no empobrecer más a la ciudadanía. Esperamos que esto no ocurra nunca en la UGR.