Comunicado ante el incumplimiento del EPIF por parte de las Universidades

El pasado 15 de marzo el Gobierno central aprobó el Real Decreto 103/2019 que  estableció un salario mínimo para los contratos predoctorales, el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF). Tras más de dos años de lucha y mesas de negociación con distintos gobiernos de PP y PSOE y diversos intentos de precarización de toda la base de la investigación en España, este estatuto supone un fuerte impulso a las condiciones laborales de miles de predoctorales en todo el país. Desde entonces Gobierno y universidades se pasan la pelota y estos trabajadores y trabajadoras siguen sin cobrar lo que se les debe.

En la Universidad de Granada hay 400 personas con este tipo de contrato, de cuyo trabajo la beneficiaria directa es la propia universidad: más de 16.000 horas de clase al año impartidas por el personal investigador pre-doctoral y una cuantiosa producción investigadora. En efecto, en torno a un 15% de las publicaciones indexadas de la UGR se vincula al sector de jóvenes investigadores, que además consiguen situar una parte significativa de sus publicaciones entre las de mayor impacto, de mayor calidad, de todas las realizadas por la Universidad de Granada.

El EPIF entraba en vigor el 16 de marzo y esta subida salarial debería haberse visto reflejada en la nómina de ese mismo mes, cuestión que no ocurrió para decepción de miles de predoctorales que esperaban que las leyes se cumplan. Parece que las únicas leyes que no pasa nada si no se cumplen son las que benefician a los y las trabajadoras: las horas extras sin pagar, falsos becarios, fraudes de ley en la contratación temporal, etc. El argumento de las distintas universidades para no realizar la subida salarial fue la incapacidad de hacer frente al nuevo gasto al que el Gobierno las exponía. Pero, en ningún caso, esto debe repercutir en un colectivo altamente vulnerable y precarizado y que supone la base de la I+D+i española (sin olvidar la alta formación que este colectivo posee). Por ello, CCOO apoya la lucha de los y las predoctorales en su denuncia de que las distintas universidades –entre las que se encuentra la Universidad de Granada– no han actualizado las nóminas, con la inacción del Gobierno, que no hace nada por solucionar este problema fingiendo que no pasa nada, y que ambos siguen descuidando  a uno de los colectivos más precarios que trabajan en esta institución. Por lo tanto, la universidad debe resolver con la mayor diligencia esta situación por una cuestión de derecho y de justicia.

En una asamblea celebrada el pasado martes 7 de mayo el colectivo de predoctorales de la Universidad de Granada decidió iniciar movilizaciones que podrían culminar, si fuese necesario, en una huelga docente al inicio del próximo curso. Y han retomado los contactos con los predoctorales de otras universidades, que suman a miles de predoctorales en todo el país.

CCOO viene reclamando al Equipo de Gobierno de la UGR el inmediato cumplimiento de la subida salarial, pues una vez publicada en el BOE es tan obligatoria para la Universidad como lo fue la subida del salario mínimo que el Gobierno estableció a principios de este año para todas las empresas del país, que no pudieron negarse a aplicarla diciendo que no tenían dinero.

CCOO recuerda que los y las predoctorales son trabajadores y trabajadoras de pleno derecho de la Universidad, con un salario base establecido y regulado en el EPIF que debe hacerse respetar. Los derechos adquiridos por miles de predoctorales en lucha no son negociables y deben cumplirse. Organizados garantizaremos que Gobierno y Universidades cumplan el EPIF. !Ni un paso atrás!