CCOO DENUNCIA AL EQUIPO DE GOBIERNO DE LA UGR POR VULNERAR EL DERECHO DE HUELGA

CCOO ha interpuesto un recurso por vulneración del derecho a la huelga -regulado en el art. 28 de la Constitución como derecho fundamental- contra unos servicios que la universidad denominó “de seguridad y mantenimiento” pero que encubrían unos verdaderos servicios mínimos.
 
Hemos interpuesto este recurso, en primer lugar porque el Rector carece de competencia para establecer servicios mínimos al no ostentar la condición de autoridad gubernativa, requisito éste exigido por el Tribunal Constitucional. No teniendo tal consideración el Rector, no pueden tenerla ni el Gerente ni  el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, que actuaron por delegación de aquél.
 
En segundo lugar, la resolución dictada tampoco se ajusta a derecho porque las universidades no tienen la consideración de servicios esenciales, que deban seguir prestándose sin interrupción en cualquier caso (como pueden ser los prestados por hospitales, servicios de seguridad, bomberos) y no estaban motivados.
 
Todas estas circunstancias legales eran perfectamente conocidas por el Rector, el Gerente y el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado puesto que CCOO puso en su conocimiento que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya había declarado contrarios al derecho de huelga unos servicios de seguridad similares impuestos por la Universidad de Sevilla.
 
Por ello, sólo cabe entender que con la imposición de estos servicios “mínimos” en realidad nuestro Equipo de Gobierno pretendía sabotear la huelga, imponiendo la apertura de los centros y de los servicios, aún a costa de vulnerar el derecho a la huelga de los trabajadores y las trabajadoras.
 
Al margen de esta denuncia, en CCOO seguimos sin entender que no sea el propio Equipo de Gobierno de la UGR el que –como en otras universidades andaluzas- se sitúe a la cabeza de todas las movilizaciones contra los ataques que reciba la Universidad Pública.
 
El Decreto 3+2 –aunque puede tener sus ventajas por la homologación con ciertos países europeos- supone en realidad un nuevo ataque a la universidad como servicio público.
Para el alumnado derivará en un aumento del coste para quienes quieran cursar un máster, y, por lo tanto, expulsará al estudiantado con menos posibilidades económicas, provocando una drástica disminución de matriculaciones.
 
Para la universidad en general, supondrá una nueva bajada de la financiación: los Consejos Sociales han destacado que el Decreto 3+2 conllevará un “ahorro” de hasta el 25% de las transferencias. En el caso de la Universidad de Granada este “ahorro” de las transferencias equivaldría a una reducción del presupuesto en 67 millones de euros.
 
Es indudable que bajadas tan señaladas del presupuesto sólo pueden dar lugar a cierre de centros y titulaciones, despidos de personal, reducción de salarios para quienes permanezcan, y en general empeoramiento de las condiciones laborales.
 
Por lo tanto, CCOO se reafirma en el convencimiento de que el Decreto 3+2 pone las bases para un grave deterioro de la universidad pública, y lamentamos no haber sabido transmitir a una parte de la comunidad universitaria la necesidad de luchar contra este Decreto