Un centenar de investigadores de diferentes universidades andaluzas, contratados bajo la figura de personal docente e investigador en áreas de conocimiento deficitarias por necesidades docentes, y que se encuentran sin contrato desde el 28 de febrero de 2014, piden a la Junta aplicar la normativa que rige sus contratos y que garantiza un año de investigación postdoctoral como tercera fase del incentivo concedido.
