El Claustro instó al Equipo rectoral a minimizar los efectos del Decreto 14/2012 entre otros

 

El pasado 5 de octubre el Claustro de la Universidad de Granada ante las medidas del estatales y autonómicas que perjudican tanto a la universidad como a los miembros de la comunidad universitaria, realizó una declaración instando al Equipo rectoral a minimizas los efectos de la nueva normativa, y en particular del Decreto 14/2012.

Tras esta declaración del Claustro, máximo órgano de representación de nuestra universidad, del que, además, deriva el mandato de gran parte de los miembros del Consejo de Gobierno, es claro que al aprobar el Plan de Ordenación Docente para el curso 2013-2014 el Consejo de Gobierno debería haber realizado la interpretación que en mayor medida minimizase los efectos del Decreto Ley 14/2012.

 


 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL CLAUSTRO EXTRAORDINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, CELEBRADO EL 5 DE OCTUBRE DE 2012, ANTE LA PROMULGACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 14/2012, DE 20 DE ABRIL Y LA PUBLICACIÓN DEL PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO DE REEQUILIBRIO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 2012-2014

El Claustro de la Universidad de Granada, en su sesión de 5 de octubre de 2012, declara que las medidas contempladas en el Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril y en el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía 2012-2014 están ocasionando considerables pérdidas en la calidad y en los resultados de las actividades docente e investigadora –que constituyen la esencia y razón de ser de la Universidad Pública– y dificultando el acceso en igualdad de oportunidades a la educación superior.

Con motivo de la coyuntura económica, la nueva normativa introduce medidas estructurales que no han sido estudiadas ni negociadas en las distintas instancias de negociación, incluidas las sindicales.

El incremento de los precios públicos de la segunda y sucesivas matrículas está impidiendo la continuidad en los estudios universitarios de aquellas personas con menores rentas y bajo poder adquisitivo. Además, el aumento de las exigencias en los requisitos de las becas estatales también supondrá una limitación importante para los estudiantes con menos recursos. A ello hay que unir la minoración de las ayudas dirigidas a la movilidad internacional de los estudiantes.

Los cambios en la dedicación docente del personal docente e investigador –en caso de aplicarse rigurosamente las prescripciones de la actual normativa vigente– afectarían negativamente al rendimiento, calidad y desempeño de sus tareas universitarias. Asimismo, las reducciones de las subvenciones a la investigación, así como las fuertes restricciones de las ofertas de empleo público, tanto en el sector docente e investigador como en el de administración y servicios, condicionan muy negativamente el adecuado desempeño de las funciones que la Universidad tiene asignadas.

El Claustro de la Universidad de Granada no puede permanecer ajeno a los perjuicios que para la función docente e investigadora y la gestión representa el Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril y el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía 2012-2014, declarando que:

  • Dentro de los límites permitidos por el marco legal definido en el Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril y en el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía 2012-2014, manifiesta su disconformidad con estas medidas normativas. Al mismo tiempo, esta institución universitaria se reafirma en su compromiso con la defensa de la autonomía universitaria, la docencia, la investigación y el derecho a la educación superior, entendidos como uno de los principales motores de desarrollo económico y social de nuestro país.
  • La Universidad de Granada se compromete con la defensa del modelo de Universidad pública y de calidad e insta al Equipo de Gobierno a seguir manteniendo su política de minimización de los efectos de estos cambios normativos.
  • Considerando los argumentos expuestos, este Claustro entiende que es imprescindible que los gobiernos estatal y autonómico reconsideren sus recientes políticas en materia de educación superior, evitando los efectos lesivos sobre la actividad universitaria que se derivan de sus últimas reformas legislativas.
  • Finalmente, el Claustro solicita de la sociedad el apoyo en la defensa del servicio público universitario en aras de garantizar el progreso, el futuro y la cohesión social.