El proyecto de una filial de Gas Natural Fenosa para construir un gasoducto y almacenar gas en Doñana, autorizado recientemente por el Ministerio de Medio Ambiente, ha recibido duras críticas de los ecologistas. Además ha generado, de forma soterrada, un interesante debate dentro de la propia comunidad científica. La razón no es tanto el proyecto en sí, sino el hecho de que la Estación Biológica de Doñana (EBD), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), votara en 2011 a favor del plan a la vez que recibía financiación de Gas Natural para uno de sus proyectos de investigación. El convenio no implica una gran cuantía —38.000 euros al año para una cátedra de cambio global, que paga estancias de investigadores en Doñana y un curso en septiembre—, pero sí pone de relieve una tendencia creciente: con los constantes recortes de la financiación pública, los centros de investigación y las universidades se ven forzados a recurrir cada día más al patrocinio privado. Un camino que, para algunos, abre la vía a crecientes conflictos de interés.
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