Cinco eméritos prorrogados irregularmente costarán a la UGR más de 135.000 euros

El Equipo de Gobierno pretende prorrogar la condición de eméritos a cinco personas con efectos retributivos desde octubre de 2011 en contra de lo dispuesto en la Normativa aplicable y probablemente también del sentido común.

El Equipo de Gobierno ha presentado para su aprobación en el próximo Consejo de Gobierno (24 de julio) la prórroga retroactiva de la condición de eméritos de 5 profesores y profesoras de nuestra universidad, de tal manera que estas personas, sin haber podido desarrollar efectivamente un plan de trabajo durante el curso 2011-2012, van a cobrar más de 27.000 euros por el periodo que va de octubre de 2011 a septiembre del 2012.

Esta propuesta, que fue informada positivamente por la Comisión Académica el pasado 16 de julio, contraviene la Normativa reguladora de la figura de profesor emérito vigente en la Universidad de Granada, aprobada en 2005 y modificada en 2008, pues las mencionadas prórrogas no reúnen las condiciones recogidas en esa Normativa:

  • El apartado 3.2 establece que “(…) podrán ser prorrogables hasta un máximo de tres años”: las personas cuya prórroga se propone han cumplido ya los tres años como eméritos.
  • El apartado 3.3 establece “La prórroga anual requerirá de un informe motivado y favorable del Departamento que incluirá la actualización del plan de trabajo para el próximo curso”: en uno de los casos el Departamento ha emitido un informe negativo.
  • El apartado 3.4 establece “(…) las solicitudes de renovación, acompañadas de los preceptivos informes del  Consejo de Departamento, deberán tener entrada en el Registro General de la Universidad antes del 30 de abril del año en que finalice la vigencia de su nombramiento”: las solicitudes de prórroga son en todos los casos posteriores a abril de 2011, año en que finalizó la vigencia de los nombramientos como eméritos que ahora se quieren prorrogar.

A esto hay que añadir, en los casos en que ha habido informe favorable del departamento, que los planes de trabajo de este profesorado emérito sólo han podido abarcar la última parte del curso puesto que la tramitación de estas prórrogas se inició esta primavera, cuando ya había transcurrido gran parte del curso en que dicho plan se debería haber desarrollado.

Tanto el Equipo de Gobierno como los miembros de la Comisión Académica que informaron positivamente estas prórrogas pretenden justificar la prórroga retroactiva (novedoso concepto) de estos nombramientos en la Disposición Transitoria novena introducida por la Ley 12/2011, de 16 de diciembre, de modificación de la Ley Andaluza de Universidades, que establece la posibilidad de que quienes fuesen eméritos a 30 de septiembre de 2011 pudiesen “optar a plaza de emérito durante el curso 2011-2012, conforme a lo establecido en el artículo 38.2 de la presente ley”, es decir, aunque hubiesen cumplido 3 años como eméritos.

No obstante, esta modificación de la Ley Andaluza de Universidades tan sólo habilita a las universidades a realizar estas prórrogas. Para llevarla a cabo conforme a Derecho el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada habría tenido que modificar previamente la Normativa reguladora de la figura de profesor emérito para, posteriormente, dar curso a las propuestas de prórroga. Y sobre todo, debería haberlo hecho con diligencia, de tal manera que las personas así nombradas como profesores eméritos hubiesen tenido tiempo de cumplir su plan de trabajo. Indudablemente a 24 de julio, con el curso terminado, no es momento para prorrogar una condición de eméritos cuando ya no es posible desarrollar el plan de trabajo correspondiente.

Por último, no hay que olvidar las circunstancias de ahorro presupuestario en que nos movemos. Mientras la Universidad de Granada impone a la mayor parte de su profesorado un incremento de la carga docente por la vía de la ampliación a 32 créditos, mientras el profesorado de la Universidad de Granada lleva meses sufriendo la carga suplementaria que supone la restricción en las sustituciones de las bajas por enfermedad, por  maternidad,  etc.,

no parece razonable que el Consejo de Gobierno acuerde retribuir con más de 27.000 euros a unas personas que, independientemente de los méritos que reúnan, que nadie pone en duda, no han podido desarrollar el plan de trabajo que les habría correspondido realizar y por el que se supone que se les retribuye.