El Gobierno andaluz se ceba en el profesorado universitario sumando a la baja salarial general la aplicación más rigurosa del Decreto Ley, lo que aumentará la docencia impartida hasta en un 33% y el despido de numerosos compañeros.
Las universidades y la Junta tienen margen para evitar esta aplicación rigurosa del Decreto Ley y su intención de no hacerlo las hará directamente responsables del deterioro de nuestras condiciones de trabajo, pero, sobre todo, de los despidos de profesores y profesoras que se esconden bajo el eufemismo «una disminución del gasto de personal docente e investigador» que utiliza la Junta de Andalucía.
Instamos al Consejo de Gobierno y al Claustro de la Universidad de Granada a manifestar un rotundo rechazo a la aplicación del Decreto Ley, como ya han hecho numerosas universidades, entre ellas algunas de las más importantes del país, como la Complutense y las universidades de Barcelona, Valencia y Sevilla.
Después de que la Junta de Andalucía haya hecho públicos sus planes, también habrá que oponerse a ellos.
El documento Actualización del Plan económico-financiero de la Junta de Andalucía dice:
«(…) se producirá una disminución del gasto de personal docente e investigador como consecuencia del incremento de la jornada laboral, del aumento de la dedicación del personal funcionario y de la reducción de las titulaciones de grado, másteres y doctorado con baja demanda de alumnos» (p.50).
(…) se propondrá, para su discusión y análisis, a la mesa general de negociación sindical para universidades en Andalucía, un plan para la extensión de lo regulado para el personal docente e investigador funcionario en el RDL 14/2012 a las distintas figuras de contratado laboral en Andalucía, teniendo en cuenta su estado de formación y las necesidades docentes de las universidades andaluzas (p.50)».